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DE IGUALDAD FORMAL A IGUALDAD REAL
MARIBEL Flores (29/06/2006)

El pasado viernes, 23 de junio, fue un gran día en España para la igualdad y los derechos de las mujeres y, por ende, de las personas. En esa jornada, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Para el PSOE es una enorme satisfacción este nuevo compromiso cumplido con la ciudadanía y muy especialmente con nosotras. La Ley de Igualdad orienta a nuestro país hacia una profunda transformación social que sustituirá la actual estructura de roles diferentes en función del género. La Ley de Igualdad va a contribuir de manera decisiva a hacer de España un país más justo, porque es de justicia que la mitad de la población tenga plenos derechos; más democrático, porque no hay verdadera democracia si no participa la mitad de la población; y un país con mejores oportunidades de desarrollo, porque no podemos ignorar el talento y la capacidad de la mitad de la población.

De este modo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un nuevo paso para hacer realidad un principio que todos compartimos pero que, en la práctica, no se cumple en muchas situaciones de la vida cotidiana: el equilibrio entre mujeres y hombres. La situación actual, con una falta de igualdad efectiva entre géneros, tenía que corregirse porque, por ejemplo, hay más hombres que mujeres con trabajo remunerado e, igualmente, la brecha salarial entre sexos es de un 40,6% de media a favor de los varones. Cuanto mayor es la cualificación necesaria para los puestos de trabajo más amplia es la diferencia entre sueldos para hombres y mujeres. Eso no puede ser.

Los principios básicos de esta ley, en cuanto promotora y garante de igualdad de trato, afectarán a todos los órdenes de la vida política, jurídica y social, pero esta nueva legislación pone especial énfasis en su aplicación en el ámbito laboral y de la Seguridad Social --ya que el trabajo es gran parte de nuestra vida-- y por ello se crean importantes medidas que han sido respaldadas por los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO.

Así pues, los objetivos fundamentales con los que nace esta norma son los de eliminar la discriminación contra la mujer; crear condiciones que permitan ejercer el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral; acabar con el acoso por razón de sexo; proteger la maternidad de todas las trabajadoras a través de la Seguridad Social; y promover la representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de las administraciones públicas.

Y para hacer cumplir tales fines, el Ejecutivo ha preparado un paquete de medidas muy extenso y de profundo calado en el día a día que garantizará, entre otras cosas, la negociación de medidas de igualdad en todos los convenios colectivos de las empresas; el derecho a distribuir mejor o reducir su jornada laboral para el cuidado de niños o personas con discapacidad; el reconocimiento de un permiso de paternidad autónomo al de la madre; la creación de un nuevo subsidio por maternidad; la ampliación de derechos, en las situaciones anteriores, de los trabajadores autónomos; las convocatorias de acceso a empleo público que faciliten igualmente la entrada de hombres y mujeres; la representación equilibrada en órganos directivos dependientes del Consejo de Ministros; y la persecución y penalización de las conductas discriminatorias.

Esta legislación supone una apuesta estratégica por la modernidad, una clave para el fortalecimiento de las libertades, el desarrollo social y el crecimiento económico de España. Esta ley permitirá aprovechar mejor el potencial humano, lo que repercutirá positivamente en todos los ámbitos al reconocer la valía y cualidades femeninas. Gracias a esta iniciativa, el Gobierno socialista incorpora el principio de igualdad en su acción de gobierno de forma transversal, esto es, a través de todos los ministerios.

El Gobierno será el primero en dar ejemplo y toda la Administración Pública se verá sometida a la aplicación de la Ley de Igualdad, pero no debe ser la única, puesto que --al margen del Estado-- empresas, sociedades, colectivos y demás agentes sociales, económicos, culturales y de cualquier otro tipo deberán adaptarse a esta nueva realidad en la que se pasa de una igualdad formal de género a una igualdad verdadera.

* Senadora del PSOE por Córdoba. Coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista